Walter Gago

El Ejecutivo dio inicio ayer a la ronda de conversaciones con las fuerzas políticas al recibir a la plana mayor del PPC. El objetivo es fijar una agenda plural a impulsar en los próximos años. Son al menos dos las motivaciones que han determinado esta saludable iniciativa. En primer lugar, romper cierto aislamiento que se registra en Palacio y del que dan cuenta los mensuales descensos en el nivel de apoyo ciudadano a la acción gubernamental; en segundo lugar, buscar consensos para un programa de reformas que el cambio registrado en el clima económico internacional hace hoy imprescindibles y que el oficialismo, dada su condición de primera minoría en el Congreso, no puede lograr sin el apoyo de las otras fuerzas políticas. La iniciativa carece de precedentes inmediatos y es necesario diferenciarla del Acuerdo Nacional (AN), foro que reúne a los partidos políticos, fuerzas productivas y laborales y representantes de instituciones de la sociedad civil. Las reuniones convocadas por el Ejecutivo no duplican ni anulan la labor del AN, sino que la complementan y acercan a tierra, de ahí la propuesta de un pacto nacional para la seguridad ciudadana que el premier Jiménez ha presentado al mismo tiempo en esta instancia. El que el Ejecutivo haya elegido esta doble vía para generar consensos no debe por ello llamar a confusión. El diálogo iniciado con los partidos no busca confundir identidades políticas –en el caso que estas existan, algo que explica las reticencias del fujimorismo, que aceptó solo a último momento acudir a Palacio– ni eliminar el rol que juegan las restantes minorías opositoras, que están en su derecho a expresar su disconformidad con el accionar del gobierno. Trata de diferenciar lo que es ruido cotidiano de lo que son metas de Estado. La idea, entonces, que subyace al realizar este conjunto de reuniones es lograr una serie de acuerdos concretos sobre políticas comunes en problemas de dimensión nacional que confluyan en un cronograma de reformas que permitan empujar el carro en la misma dirección y no hacer de los tres años de mandato que quedan a este gobierno años perdidos. Existe para ello un modelo que habría que emular, y es el que ha logrado consenso en torno al proceso seguido en La Haya, transformado en objetivo nacional. No resulta inconcebible que, sobre este mismo modelo, pudieran lograrse acuerdos sobre el combate al narcotráfico, a los remanentes terroristas ligados a este, a la inseguridad y a la corrupción. De modo similar, reformas que abran paso a políticas encaminadas a mejorar la generación de empleo, desburocratizar el Estado o modernizar sectores que suscitan el descontento ciudadano (el Poder Judicial, la educación pública, la Policía Nacional) y que requieren de recursos que les permitan cumplir con la misión que la sociedad les ha confiado. Es difícil vaticinar si estas conversaciones arribarán a buen puerto. La política partidaria en nuestro país tiende más a ser díscola y confrontacional que conciliadora. Es más fácil patear el tablero que utilizarlo como mesa de entendimiento y acuerdo. Pero había que intentarlo y ya es un paso adelante que el Ejecutivo lo haya dado –por encima de sus debilidades y deficiencias, o acaso debido a ellas– y que la respuesta de las fuerzas políticas haya sido positiva, pese a que habría que aclarar que algunas de ellas carecen de implantación nacional. Por lo mismo, debe esperarse que los partidos y frentes regionales sean incorporados muy pronto a un segundo momento de esta convocatoria, a la que deseamos éxito y continuidad. Walter Gago Rodriguez